La poltrona tenía un precio

No me gusta hablar de política, y no me gusta por varias razones. La primera razón es que no tengo ni los conocimientos ni la capacidad mínima para opinar con coherencia. La segunda, porque observo que algunos opinantes no tienen muchos más conocimientos que yo y, a pesar de eso, pontifican. La tercera es que se opina más con el corazón que con la cabeza y las cosas son ciertas o falsas según la simpatía que tengamos por quien las dice. No quisiera ser igual. Aun así, voy a arriesgarme.
El 1 de octubre de 2017 se “celebró” en Cataluña un referéndum por la independencia de la Comunidad Autónoma; el 27 del mismo mes el Parlament aprobó la declaración de independencia y el presidente catalán proclamó la República Catalana aquella tarde, si bien, segundos o minutos después la suspendió sine die. Ambos actos fueron considerados fuera de la ley tanto por el gobierno de España como por los jueces competentes; incluso la declaración de independencia fue declarada inconstitucional por el Tribunal Constitucional. Posteriormente, 9 parlamentarios catalanes fueron condenados a ingresar en prisión, 3 (creo) fueron absueltos (más o menos) y unos cuantos habían cruzado previamente la frontera para huir de la quema buscando refugio en otros países.
No soy jurista y mis escasos (nulos) conocimientos en derecho me impiden pronunciarme sobre la legalidad o ilegalidad de los actos descritos, y sobre la justicia de las condenas. De todas formas, opino.
En noviembre de 2019 el PSOE ganó las elecciones con una mayoría insuficiente para formar gobierno, lo que lo “obligó” a unirse al resto de partidos, salvo PP y VOX, para investir a su candidato. Las fuerzas independentistas exigieron a cambio el indulto de los condenados, indulto que se hizo efectivo en junio de 2021 (me parece) a pesar de que los reos ni lo solicitaron ni mostraron arrepentimiento; al contrario: acuñaron la frase “Ho tornarem a fer!”.
En julio de 2023 el PP gana las elecciones, pero sólo consigue el apoyo de VOX (insuficiente) y no puede investir a su candidato. La pelota pasa al tejado del PSOE, que negocia la investidura con el resto de partidos. Se habla de la concesión de una amnistía a todos los implicados en el 1-O y el 27-O. El presidente del gobierno de España, y candidato a la reelección, defiende la amnistía por el interés de España y como única forma de no ir a unas nuevas elecciones.
Me surgen dudas.
El indulto por los actos del 1-O se hizo a posteriori y pudo colar como un acto de gracia del gobierno, al margen de los votos que apoyaron la investidura; ya lo tenemos asumido. Pero si la amnistía implica borrar los hechos por los que se condenó o se persigue a los amnistiados, significa que durante el 1-O y el 27-O no sucedió nada punible. Entonces, ¿los condenados, fugados o cualquier persona afectada por los sucesos podrán pedir una indemnización al estado español por daños y perjuicios?
Lo de la amnistía es harina del mismo costal. Aunque el presidente trate de convencernos que la da por el bien de España, ¿cómo es que no se ha dado cuenta hasta ahora de que se podían haber arreglado muchos problemas de una forma tan fácil? Estoy más por lo de “es la única forma de no ir a unas nuevas elecciones”, es decir, tú me das los votos que necesito y yo te concedo el “perdón”. Esto, en otros tiempos, era comprar votos con un dinero que no era suyo, algo que es incompatible con la democracia. Cánovas y Sagasta lo hacían con más elegancia.
En todo caso, también nos acostumbraremos.

Me gustaría llamar la atención sobre un punto. Muchos políticos españoles están empeñados en buscar la fórmula mágica para el encaje de Cataluña en España. Si le preguntasen a los nacionalistas catalanes, quizá se dieran cuenta de que ellos no quieren encajarse en España, lo que quieren es desencajarse de ella. Quiero decir que por mucho sebo que se eche a las zonas de acople, la única forma de acabar con el problema (a la corta) está en desenroscar los tornillos que unen las piezas, esto es, conceder la independencia.
Piénsenlo.